En el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre los Sistemas de Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, los parlamentarios resaltaron que esta ley responde al mandato del artículo 171 de la Constitución que establece con claridad los aspectos relacionados con la justicia indígena.
El mencionado artículo señala que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán las normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

“Deseo expresar mi agradecimiento por el aporte realizado al proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, y el interés demostrado en el desarrollo del mismo.”, manifiesta textualmente la carta remitida el pasado lunes por el Dr. Mauro Andino Reinoso, Presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación al Ab. Henry Cuji Coello, Asambleísta por Pastaza, al referirse a las últimas observaciones y propuestas que el legislador amazónico realizó al controvertido Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación el 24 de abril pasado.

En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la doctora Teresa Ulloa, representante de la Plataforma de los Derechos de las Mujeres para América Latina y el Caribe, consideró que Ecuador, a través de la Asamblea Nacional, tiene la oportunidad histórica de aprobar una ley modelo para América Latina respecto de la alarmante situación de la trata de personas, dentro del nuevo Código Integral Penal.

El Pleno de la Asamblea tramitó en primer debate el proyecto de ley a favor de las personas adultas mayores, propuesta legal que favorecerá al 9% de la población (un millón de personas), que están en edad mayor a los 65 años de edad, según las exposiciones de los asambleístas.
Asimismo, resaltaron que más el 40% de esta población vive en situación de pobreza, por tanto, se deben definir mecanismos de exigibilidad y sanciones para quienes incumplan la normativa.

El manglar sustenta la vida de los pueblos que están ubicados en los alrededores de esta zona, dijeron los parlamentarios, en la continuación de la sesión 152 del Pleno, en la cual se concluyó el primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Protección Ambiental del Ecosistema Manglar, al señalar que en la propuesta legal se han eliminado las zonas de transición y amortiguamiento, a la vez que se ha dejado de lado la participación de los pueblos en el manejo del manglar, aspectos que no los comparten.
Asambleístas de distintas tendencias indicaron que la industria camaronera ha provocado la depredación de manglares, en un 25% de la extensión original, por lo que reflexionaron en la necesidad de que no debe haber un solo permiso más de ocupación de estas áreas y, más bien, revertir al Estado las áreas conseguidas ilegalmente.

En la sesión 164 del Pleno, asambleístas de distintas agrupaciones políticas coincidieron que la actual legislación respecto a los burós de información crediticia ha resultado insuficiente para garantizar la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, acerca de su manejo crediticio, pues consideran necesario que exista una norma que adecue su contenido a las normas vigentes.
Subrayaron que se han generado situaciones perjudiciales para los ciudadanos, como por ejemplo la inadecuada forma en que se realizan los reportes de los historiales de los burós, ya que los mismos se han convertido prácticamente en listas negras para el acceso al crédito, por lo cual una persona se ha visto imposibilitada de obtener una operación crediticia y que, además, varias personas no han podido conseguir empleo.